ENSAYO / FARIAS
Permítanme, queridos lectores, empezar por una cifra y no por un adjetivo. Desde el 6 de octubre, el único órgano que puede decir sí o no a un decreto-ley del Gobierno de España tiene sesenta y nueve miembros. Lo seguirá siendo hasta el 23 de diciembre.
Las dos fechas no son mías. Están en el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, publicado en el BOE del día 6: disuelve las Cámaras elegidas en julio de 2023, convoca elecciones para el 29 de noviembre y ordena que las Cortes nuevas se constituyan el 23 de diciembre, a las diez.
De una fecha a la otra hay setenta y ocho días. Mi tesis no es alarmista: que convalide la Diputación Permanente no tiene nada de irregular, está escrito desde 1978. Lo llamativo es otra cosa, y es aritmética.
Lo que el artículo 78 previó, y lo que ahora sostiene
El artículo 78 de la Constitución es breve y nunca se ha reformado. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente de «un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica».
En caso de disolución, añade, las Diputaciones Permanentes «seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales». El apartado 2 acota cuáles: las de los artículos 86 y 116, no las de legislar. El artículo 57 del Reglamento concreta la más pesada: asumir todas las facultades que sobre decretos-leyes atribuye al Congreso el artículo 86.
LA CÁMARA QUE QUEDA, EN CUATRO CIFRAS
La proporción existe y conviene verla escrita. Esta es la composición que publica el propio Congreso, contando la Mesa:
- Grupo Popular, 27: veinticinco vocales, una vicepresidencia y una secretaría.
- Grupo Socialista, 25: veintitrés vocales, la presidencia y una vicepresidencia.
- Sumar, 6: cinco vocales y una secretaría. Vox, 6 vocales.
- Esquerra Republicana, Junts, EH Bildu, PNV y Mixto: un vocal cada uno.
- Y una lista de suplentes, que el Reglamento exige: 137 nombres en total para sesenta y nueve asientos.
Proporcional no es equivalente. Ruggero lo contó con menos paciencia y mejor oído en su pieza del 7 de octubre: el 2 de octubre votaron trescientos cincuenta diputados y los dos decretos de vivienda cayeron, el primero por seis votos (172 a favor, 178 en contra). Le envidio el grito; yo vengo a mirar el calendario.
Tres decretos en cola y una sesión que llamó a otros dos
Desde la disolución, el Consejo de Ministros ha aprobado tres reales decretos-leyes: el 28/2026 y el 29/2026, de vivienda, el 6 de octubre, y el 30/2026, de apoyo financiero a Ceuta, el día 13. Ninguno está convalidado.
La Diputación Permanente sí se ha reunido. El viernes 16, a las once, en su octava sesión de la legislatura, con punto único: los reales decretos-leyes 24/2026 y 25/2026, los dos del 29 de septiembre, el de la DANA de 2024 y el de Oriente Medio.
LO QUE SE VOTÓ EL 16 DE OCTUBRE
- RDL 24/2026, DANA de 2024: 61 a favor, 7 en contra, 1 abstención.
- RDL 25/2026, crisis en Oriente Medio: 62, 6 y 1.
- Los dos se aprobaron el 29 de septiembre, antes de la disolución.
LO QUE SIGUE SIN FECHA PUBLICADA
- RDL 28/2026, arrendamientos. En vigor el 15 de noviembre, si se convalida.
- RDL 29/2026, función social de la vivienda. En vigor desde el 8 de octubre.
- RDL 30/2026, Ceuta. En vigor desde el 15 de octubre.
Según la nota del propio Congreso, el primero se convalidó por 61 votos a favor, 7 en contra y una abstención; el segundo, por 62, 6 y una. El órgano funciona. Lo que no llegó a la sala fueron los tres pendientes.
Nueve días publicados y fuera del orden del día
Y no era obligatorio esperar. El artículo 151.1 del Reglamento permite insertar un decreto-ley en el orden del día «tan pronto como hubiere sido objeto de publicación» en el BOE. El 28/2026 y el 29/2026 llevaban nueve días publicados aquel viernes.
Mañana, a las diez, en el Salón de Ministros
La agenda semanal del Congreso, la del 19 al 25 de octubre, cabe en media hoja. Lunes, sin convocatorias. Martes 20, a las diez, Mesa de la Diputación Permanente, Salón de Ministros, y a la una, el acto que da al Escritorio de Comunicación el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba. Miércoles y viernes, sin convocatorias.
El jueves 22, a las doce, se reúne en la Sala SERT la Junta Electoral Central, que es otra historia y la contó Astro el viernes pasado. Ese es, entero, el pulso parlamentario de esta semana en España.
Una Diputación Permanente es un extintor. Sirve, y es un alivio tenerla. Lo que no se puede es cocinar con ella todos los días.
Quién convoca y quién decide qué se vota
Conviene no confundir competencias. Convoca su presidencia, por iniciativa propia o a petición de dos grupos o de una quinta parte de los miembros (artículo 56.4). El orden del día lo fija la presidencia de la Cámara de acuerdo con la Junta de Portavoces (artículo 67.1, aplicable por el 58).
El Gobierno, además, puede pedir que un asunto se incluya «con carácter prioritario» (artículo 67.3). Si lo ha pedido para los decretos de vivienda, no consta en ningún sitio que yo haya sabido mirar. Y fecha tampoco hay: la prensa parlamentaria apunta al 12 de noviembre, en condicional y citando a Europa Press.
De excepción a costumbre: once, diecisiete, treinta
Esta serie la he hecho yo, con la numeración del BOE, que es pública y aburrida. El último real decreto-ley de 2024 fue el 11/2024; el último de 2025, el 17/2025; el 13 de octubre de 2026 ya íbamos por el 30/2026.
Treinta normas con fuerza de ley del 1 de enero al 13 de octubre, dos de ellas derogadas ya por el propio Congreso: una cada nueve días y medio. No sostengo que ninguna estuviera justificada; no las he leído todas. Sostengo que una excepción que ocurre treinta veces al año ha dejado de ser una excepción.
EL ARGUMENTO CONTRARIO, SIN CARICATURA
- El Gobierno no se esconde. El preámbulo del 28/2026 sostiene que aprobar otro decreto tras la derogación del anterior «no es ajena al ordenamiento jurídico y a la práctica gubernamental y parlamentaria española», y cita precedentes desde 2006.
- Añade que la urgencia «habilita al Gobierno para la aprobación de reales decretos-leyes, incluso una vez disuelto el Congreso de los Diputados y el Senado». Leído el artículo 86, es difícil negarlo.
- La urgencia de fondo tampoco es un invento: los contratos firmados tras el decreto de 2019 alcanzan desde 2024 el término de su plazo mínimo de cinco años y están ya en la prórroga tácita, que se agota entre 2027 y 2030; el preámbulo razona que anunciar la reforma sin aprobarla dispararía las comunicaciones de no renovación para esquivarla.
- Hasta la entrada en vigor diferida tiene defensa escrita: «no resta urgencia a la medida, sino que es exigencia del principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3».
Concedo todo lo anterior sin regatear, y sigo. Ninguno de esos argumentos habla del calendario, que es lo único que he medido hoy. Si la urgencia es la del preámbulo, lo coherente era llevar los decretos a la primera sesión disponible. Estaba convocada. No fueron.
Y en esa sala no cabe el término medio: el artículo 151.3 convierte el voto en un sí o un no, sin enmiendas. El 151.4 permite tramitar después como proyecto de ley lo convalidado, pero eso exige un Pleno y unas comisiones que no existirán hasta el 23 de diciembre.
Lo que esto significa en una ventanilla
Para quien vive de alquiler, la consecuencia es concreta. El 29/2026 le afecta desde el 8 de octubre. El 28/2026, el que alarga las prórrogas, entra en vigor el 15 de noviembre, dos días después de arrancar la campaña, y solo si antes lo convalidan.
UNA ACTUALIZACIÓN MÍA
El 11 de octubre escribí aquí mismo, y aquella tarde era cierto, que el Supremo no había resuelto sobre el voto de los nacionalizados por la ley de nietos. Lo resolvió al día siguiente: mantiene la suspensión para el 29 de noviembre, según Euronews, con un voto particular de uno de los seis magistrados de la sección. Una frase mía caduca antes que un decreto, y conviene volver a mirarla.
Mi abuelo, que vivió dos crisis y no leía el BOE, decía que lo provisional dura lo que se le permite. Mañana a las diez se reúne la Mesa de un órgano al que la Constitución puso de guardia. Lleva trece días y le quedan nueve semanas.
