Un indulto a García Ortiz que solo vale si gana Sánchez

Sé, en cambio, a quién salió a recibir: al Rey. Y sé cómo acaban los indultos en el Boletín Oficial del Estado, porque lo leo. «Vengo en conmutar», una fecha, «FELIPE R.» y debajo el refrendo del ministro de Justicia. Así termina el Real Decreto 670/2026, el del indulto a Laura Borràs, publicado el 29 de julio.

Tres días antes del desfile, en su entrevista con Ignacio Escolar en elDiario.es, le preguntaron si el Consejo de Ministros aprobará antes de las elecciones el indulto de Álvaro García Ortiz, el exfiscal general del Estado condenado por el Supremo. Contestó: «No lo descarto». Hagamos la cuenta de lo que no descarta.

Lo único que queda por perdonar

El Supremo condenó a García Ortiz el 20 de noviembre de 2025 (sentencia del 9 de diciembre) por revelar datos reservados de González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dimitió, volvió a la carrera y trabaja en la Fiscalía del Supremo, en lo Social, según contaba elDiario.es en junio. Allí consta pagada la parte económica.

Queda la inhabilitación para un solo puesto en toda España. Y ese puesto, dice el artículo 124 de la Constitución, lo nombra el Rey «a propuesta del Gobierno». El propio Supremo lo admitió en junio: es una pena con «una consecuencia jurídica de escasa relevancia», pero que debe cumplirse. La cadena es corta.

Es mi lectura y la firmo. Un indulto con una condición que no está escrita en ningún sitio: vale si gana el que lo concede. Si pierde, se queda en gesto. Un diploma para colgar en el despacho de lo Social.

Y un aviso, por si alguien busca atenuantes: este Gobierno no está en funciones. Lo estará después del 29-N, cuando haya cesado. Hasta entonces tiene todas sus facultades, aunque las Cortes estén disueltas por el real decreto del 5 de octubre. Si indulta, nadie podrá decir que la ley le empujó.

Del «siento vergüenza» de 2014 al «no lo descarto»

En 2014, recién elegido secretario general del PSOE, Risto Mejide le preguntó en Cuatro qué sentido tiene que un político indulte a otro. Respondió que ninguno, según la hemeroteca del Ara, y añadió, según la transcripción de El Español: «Siento vergüenza de eso».

Noviembre de 2025, Johannesburgo, cumbre del G20, tres días después del fallo. Sánchez dijo creer en la inocencia del fiscal general y resumió: «Lamentamos este fallo, lo respetamos y lo acatamos». Del indulto, según EFE, dijo que en ese momento no tenía sentido hablar.

Una cosa o la otra, querido presidente. Si es inocente, para eso está el amparo, y ahí está ya el Estado: la Abogacía del Estado lleva su defensa ante el Constitucional y la Fiscalía también recurrió en abril.

Si se le indulta, en cambio, se parte de la condena y se deja intacta. Lo escribió el Supremo en su informe con una economía que ya quisiera yo: «Se indultan las penas; no el delito». Quien indulta no absuelve. Perdona a un condenado.

Cinco casillas, tres que dependen del Gobierno

El indulto, total, lo pidieron en enero dos particulares, y Justicia abrió el trámite, según EFE. Desde entonces, quién dice qué:

• El Supremo, que lo juzgó: en contra, por mayoría. No aprecia razones «de justicia, equidad o utilidad pública» y recuerda que «los hechos fueron graves».
• La Fiscalía General, que dirige Teresa Peramato, propuesta por este Gobierno: a favor. «Hemos emitido un informe sobre el indulto que es a favor», dijo el viernes en Salamanca, según EFE. Pedía, como mínimo, conmutar la inhabilitación, según elDiario.es.
• La Abogacía del Estado: defiende al exfiscal en un amparo que espera admisión desde abril. «Todavía no hemos empezado a estudiar el asunto», dijo el 2 de octubre el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
• El ministerio de Félix Bolaños, que instruye: «No lo descartamos», dijo en RAC1, y ya verán si procede decidir «en estos días» o dejarlo «para más adelante», según Servimedia.
• El Consejo de Ministros, que decide. Y el Rey, que firma porque así lo manda la Constitución.

No digo que nadie haya hecho nada ilegal. Digo que el que informa a favor, el que defiende y el que decide cuelgan del mismo perchero. Y que el único que dijo que no es el mismo Supremo que acaba de rechazar el recurso del Gobierno sobre el voto de la ley de nietos que explicó ayer Farias.

Astro contó aquí que, en Harvard, un estudiante le puso delante cinco nombres y el presidente contestó por dos. El exfiscal general era uno de los tres que se quedaron sin respuesta. Ahora tiene tres palabras. Pedro I, y el apodo sigue siendo mío, ha tardado dos semanas en encontrarlas.

Lo que tienen de razón quienes lo defienden

Lo acepto casi todo, y lo de las dos magistradas lo acepto entero: una condena por cinco votos a dos no es una verdad revelada. Pero el fiscal general no necesita carné. La ley ata su mandato al Gobierno que lo propone con tanta fuerza que cesa con él. Más dependiente que eso, solo un ministro.

Con Borràs, el tribunal proponía la rebaja. Aquí dice que no y el Gobierno se plantea decir que sí a cuarenta y ocho días de votar, con el amparo sin admitir. Si de verdad creen que es inocente, que lo diga el Constitucional. Indultar antes es cambiar la absolución que reclaman por un perdón que la desmiente.

Doce años y tres palabras

A la hora de escribir, lunes por la tarde, no hay ningún real decreto de indulto a García Ortiz en el BOE. Lo he mirado en los sumarios de toda la semana, que para eso los leo. Puede que no llegue nunca, y si no llega, esta pieza se quedará en lo que es: una cuenta hecha a tiempo.

Doce años separan el «siento vergüenza» del «no lo descarto». La vergüenza no ha necesitado indulto. Ha prescrito sola.