El aborto en la Constitución: dieciséis prórrogas y una disolución

El sábado, en la sala Federico García Lorca del Palacio de Congresos de Granada, Pedro Sánchez anunció, según la nota de su partido, que «la próxima legislatura reformaremos y blindaremos el derecho al aborto de las mujeres en la Constitución Española».

La próxima. En esta ya lo intentó, y el intento tiene número de expediente: 102/000001, «Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española». Entró en el Congreso en abril con prisa oficial y caducó en octubre sin una sola votación final. Entre medias, dieciséis miércoles.

Urgente hasta el 30 de abril

La prisa está escrita. El Gobierno remitió el proyecto el 7 de abril, tras una primera aprobación el 14 de octubre de 2025, y el día 9 la Mesa del Congreso lo mandó a la Comisión Constitucional «por el procedimiento de urgencia», dice el Boletín de las Cortes. En urgencia, los plazos duran la mitad (artículo 94 del Reglamento).

Para qué, lo contaron El Español e Infobae: el PSOE quería debatirlo en el último Pleno antes de las andaluzas del 17 de mayo. Fue el jueves 30 de abril: la sesión acabó a las 12:42, según el Diario de Sesiones, y la campaña andaluza arrancaba a medianoche (BOJA). En acta, cuatro cosas:

• La petición del Gobierno. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió a PP y Vox que retiraran sus enmiendas «y den paso al diálogo», y a la Cámara, «que no cierren este debate antes de que pueda celebrarse».
• El gesto. Cuando el diputado de Vox Robles López le preguntó si contaba «con los tres quintos de la Cámara», el Diario de Sesiones anota que la ministra «hace gestos afirmativos».
• La pregunta del PP. En su réplica, la diputada del PP Franco González: «Díganme dónde tienen los 210 votos y qué van a hacer cuando no salga».
• El resultado. 171 votos para devolver el proyecto al Gobierno y 177 en contra. Siguió adelante.

La pregunta de los 210 votos no se contestó en el Pleno. Lo que vino después está en un PDF de 132 páginas que el Congreso cuelga en su web.

Dieciséis miércoles en la ventanilla de enmiendas

Se llama «Cuadro general de iniciativas legislativas en plazo de enmiendas». En la versión del 2 de octubre, la reforma del artículo 43 abre la primera página con su rótulo, «PROCEDIMIENTO DE URGENCIA», y una columna con los plazos para enmendar el articulado. Todos, miércoles. La ficha del expediente los llama, dieciséis veces, «Ampliación de enmiendas al articulado».

El artículo 91 del Reglamento pone un freno a las prórrogas: «Salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán superiores a otro tanto del plazo». Mide cada una, no cuántas se encadenan, y el Constitucional, en la sentencia que cito abajo, admite que no hay un «número máximo». Una semana más, dieciséis veces, cabe en la letra.

El cuadro no dice quién pidió cada prórroga, y yo no lo sé. Dice que se concedieron, y las concedía la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar sumaban cinco de los nueve puestos desde 2023, una mayoría que El Español recordaba en abril al anunciar la vía rápida.

«Cuando, como sucede en este caso, el plazo para presentar enmiendas se prorroga de manera automática y reiterada, sin ofrecer justificación alguna para ello […], la decisión de la mesa no favorece que los diputados puedan ejercer con mejores garantías su labor parlamentaria, sino […] dificulta y obstruye dicha tarea».

Tribunal Constitucional, sentencia 32/2026, de 14 de abril, publicada en el BOE del 15 de mayo

Esa sentencia juzga otro caso: la prórroga setenta y uno de un proyecto nacido de un decreto ley de 2020, recurrida por trece diputados del PP. También aquel caducó con la legislatura. No digo que las dieciséis de ahora sean lo mismo, ni he encontrado recurso contra ellas. Digo que el mecanismo ya tenía descripción.

Farias escribió el lunes que la urgencia hace cola. Le discuto el verbo: esta ni llegó a la cola. Se quedó en la ventanilla de enmiendas dieciséis miércoles, hasta que cerraron la oficina. Reconozco que al contar los miércoles me reí. Al llegar al decimosexto, ya no.

La disolución que la reforma quería esquivar

Lo más fino del expediente es por qué se eligió el artículo 43. El propio proyecto dice que el derecho al aborto «deriva del artículo 15», y tocar el 15 obliga a la vía del artículo 168, que exige disolver las Cortes. El 43 va por la del 167, que no.

El Gobierno lo razonaba así, según la cita literal de la enmienda del PP. No he leído su memoria explicativa: lo cito por esa enmienda.

Que «la incorporación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución se justifica por la mayor sencillez y celeridad que ofrece la tramitación de la reforma constitucional conforme al procedimiento del artículo 167 de la Constitución». Y que esa vía «permite culminar la reforma en un tiempo razonable, sin interrumpir el normal funcionamiento de las Cortes Generales».

La explicación del Gobierno, según la cita la enmienda a la totalidad del PP. En el Pleno, el diputado de Vox Robles López la atribuyó a la memoria explicativa y leyó la misma frase final.

Sin interrumpir las Cortes. El 5 de octubre las interrumpió el presidente, que es quien puede: el artículo 115 de la Constitución le da la propuesta de disolución «bajo su exclusiva responsabilidad». El Real Decreto 806/2026 se dictó «a propuesta del Presidente del Gobierno», tres días después de que el Congreso le derogara sus decretos de vivienda.

«Disuelto el Congreso o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente».

Artículo 207 del Reglamento del Congreso

Caducada, y así figura en la ficha del Congreso desde el 6 de octubre. No la tumbó ninguna votación, porque no hubo votación final que la tumbara: la dejó caer la firma que disolvió las Cortes. Lo conté aquí cuando disolvió las Cortes, y entonces no reparé en que en el lote iba también esta reforma. Lo apunto ahora.

La reforma que sí cupo en el calendario

El detalle que me alegró la mañana está en el artículo 3.2 de ese mismo decreto de disolución. Entre las islas que eligen un senador aparece Formentera, sola, por primera vez en unas generales. Es la cuarta reforma de la Constitución, la del artículo 69.3, hecha en la misma legislatura y por la misma vía del 167.

Lo que separa una reforma de otra no es la urgencia ni el procedimiento. Es el consenso, que la ministra pidió en abril con buenas palabras y que el PP no dio: firmó una enmienda de devolución que considera la reforma «un fraude constitucional».

Lo que tienen de razón los que prometen

Lo concedo casi todo. Lo que no concedo es la palabra «urgente», que es del Gobierno y no mía: en el cuadro siguió escrita en mayúsculas hasta octubre, y en los hechos duró hasta la víspera de la campaña andaluza. Tampoco concedo la aritmética del sábado.

La aritmética del sábado

En Granada pidió «esos 176 escaños de una mayoría parlamentaria progresista», y los pidió para llegar «antes en el acceso a la vivienda». La otra promesa del sábado sale más cara. Esto es lo que pide la Constitución para ella, en cuentas mías sobre 350 diputados:

• 210 diputados, tres quintos del Congreso, y tres quintos del Senado, por la vía ordinaria del artículo 167.1.
• 234 diputados, dos tercios, si se acaba en la vía del 167.2, con la mayoría absoluta del Senado.
• 141 diputados bastan para bloquearla por la vía de los tres quintos.
• Al menos 31 de los 171 que pidieron devolverla: los que habría hecho falta convencer el 30 de abril para llegar a 210, aun sumando a los dos diputados que no votaron.

Mi lectura, y es opinión: promete hacer con los votos de Feijóo lo que pide votar contra Feijóo para conseguir. Si le dan los 176 escaños que pidió, a su reforma le seguirán faltando treinta y cuatro. Tendrá que pedírselos a los de enfrente, y enfrente, según su propio mitin, están el envoltorio y el regalo.

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