Maricarmen, dos decretos y la prórroga forzosa

OPINIÓN / RUGGERO

Querido lector, el miércoles 23 de septiembre una mujer de 87 años salió en camilla de la casa del distrito de Retiro en la que llevaba setenta años viviendo. Pagaba 450 euros al mes con un contrato de renta antigua y, según las crónicas, los pagaba con puntualidad. Seis días después, España tiene una acampada en la Puerta del Sol, dos reales decretos aprobados a toda prisa y un pleno extraordinario convocado para el viernes.

Lo que no tiene es un solo piso más. Pero eso, en este país, nunca ha sido lo importante.

Lo que de verdad devolvió a Maricarmen a su casa

Conviene mirar con lupa qué ha resuelto el caso, porque la respuesta es humillante para todo el que se ha hecho la foto.

A Maricarmen no la ha salvado ningún decreto. La ha salvado una reunión de más de cuatro horas en una oficina de la Empresa Municipal de la Vivienda, entre su abogada, Beatriz Duro, y Urbagestión, la empresa propietaria. Resultado: un contrato de ocho años al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley 29/1994, por el 30 % de sus ingresos netos. Unos 500 euros, según el propio dueño; «aproximadamente» lo que ya pagaba, según su abogada.

Es decir: un acuerdo privado, voluntario, firmado bajo una ley que tiene treinta y dos años. Sin prórroga forzosa, sin renovación automática, sin ministra en la foto. El propietario aceptó un precio que la consejera delegada de la EMVS describió como «muy por debajo del precio de mercado». Nadie le obligó. Le convenció una mesa y un bolígrafo.

LAS CIFRAS DEL CASO

450 €Lo que pagaba Maricarmen con su contrato de renta antigua.

1.650 €El alquiler que le ofrecieron tras la compra del piso, según las crónicas. Su pensión ronda los 1.450.

2.500 €El precio de mercado de la zona, según el dueño, que dice haber ofrecido partir de un 40 % de descuento.

~500 €Lo que pagará ahora, durante ocho años.

Y mientras tanto, en el Consejo de Ministros

El Gobierno de Pedro I el Can, en cambio, olió la camilla como el tiburón huele la sangre. El martes 29 el Consejo de Ministros empezó una hora tarde porque los ministros de Sumar se negaron a arrancar hasta que sus socios del PSOE firmasen lo que pedía el Sindicato de Inquilinas, la organización que monta la acampada de Sol. En cualquier empresa privada, retener una reunión de dirección para que un tercero ajeno dicte el orden del día tiene un nombre, y no es «gobernar».

El empate se resolvió como se resuelven aquí las cosas: con dos decretos. Uno para lo que se puede aprobar con PNV y Junts, que incluye protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030, prórroga de dos años para los contratos que venzan antes de acabar 2028, regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y prohibición de compras a los llamados fondos buitre hasta 2028. Y otro, según el propio Gobierno, con medidas que «pueden no suscitar tantos consensos», entre ellas la «renovación automática de los alquileres». Traducido: un decreto para aprobar y otro para perder y culpar al que vote en contra. Teatro con cargo al BOE.

Y con prisas. El Ejecutivo ha pedido un pleno extraordinario para convalidarlos este viernes por «la importancia de estas medidas». Es enternecedor. Este mismo Estado tardó mil quinientos seis días en trasponer una directiva de transparencia que tenía un plazo de treinta. Para lo que no sale en televisión, cuatro años. Para lo que sale, tres días. Se legisla con la prisa y la higiene de quien sale corriendo del baño de una gasolinera.

El fondo buitre de un solo piso

Aquí viene mi parte favorita. El villano oficial de esta historia es un «fondo». Su dueño, Ricardo Alonso, asegura en ABC que el piso de Maricarmen es «la única vivienda que ha adquirido la empresa en todo su recorrido». «No tiene más activo que este», dice. El fondo buitre tiene, en total, una pluma.

Contra esa bandada de una sola ave el Gobierno ha sacado la artillería: prohibir comprar a los fondos hasta 2028. Es como fumigar un barrio entero porque en un balcón había un mosquito, y encima ni siquiera era un mosquito.

Hay una versión que nadie quiere oír: el dueño sostiene que ganó el pleito en la Audiencia Provincial en julio de 2022 y que, sin la intervención del sindicato, «seguramente» habrían llegado antes a un acuerdo. Puede ser verdad o puede no serlo. Pero la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carolina Vilariño, ya ha aclarado que el acuerdo no levanta la acampada, porque «esto va más allá de Maricarmen». Gracias por la sinceridad: la señora era la pancarta, no el objetivo.

Placa de azulejos con el nombre de la Puerta del Sol en la fachada de un edificio de Madrid — La Puerta del Sol, donde sigue la acampada. Foto: Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.

La renta antigua, ese invento franquista que la izquierda quiere resucitar

Y ahora, querido lector, la ironía que debería avergonzar a la patulea de acampada y nómina pública que lleva una semana dando lecciones.

El contrato de Maricarmen era de renta antigua. La renta antigua es hija de la prórroga forzosa de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, la del franquismo: el propietario no podía recuperar su casa ni actualizar el alquiler, y el contrato se heredaba como un mueble. ¿Resultado? Nadie quería alquilar. Los edificios se caían a trozos porque ningún dueño invierte en algo que no controla, y el mercado del alquiler se secó durante décadas hasta que el decreto Boyer de 1985, de un Gobierno socialista, por cierto, tuvo que quitar la prórroga forzosa de los contratos nuevos.

Pues bien: la «renovación automática» que exigen el Sindicato y Sumar es exactamente eso. La prórroga forzosa de 1964 con camiseta de Sumar y chapa en la mochila. La izquierda que llama fascista a todo lo que se mueve pide, como gran conquista social, una de las leyes más ruinosas del franquismo.

Lo que viene después no requiere ser adivino, basta con haber leído a cualquier economista de la escuela austriaca, o simplemente con saber sumar. Si firmar un alquiler significa perder tu casa para siempre, menos gente firmará alquileres. Los pisos se venderán, se quedarán vacíos o se alquilarán por temporadas mientras se pueda. Y los que no tienen contrato, los jóvenes que acampan en Sol, pagarán más por menos. La próxima Maricarmen tendrá 28 años y no saldrá en camilla: simplemente no encontrará dónde entrar. Hasta Marc Vidal, nada sospechoso de anarcocapitalismo, recordaba el mismo martes en ABC que topes al alquiler y subvenciones son, según recoge el diario, parches que ganan algo de oxígeno a cambio de peores consecuencias.

Harry Browne lo resumió mejor que nadie: el Gobierno te rompe las piernas, te da una muleta y te dice que sin él no podrías andar. Primero bloquea el suelo, encarece las licencias, cobra impuestos por comprar, por tener y por heredar, y convierte en un deporte de riesgo ser casero. Luego, cuando falta vivienda, reparte muletas por decreto en rueda de prensa.

Un Estado que no deja construir pisos no tiene autoridad moral para repartir los ajenos.

Tampoco se libran los de enfrente

Por si alguien cree que esto es un panfleto de un solo color: el Ayuntamiento de Madrid no pudo meter a Maricarmen en su plan Reviva porque, según explicó, podría incurrir en «prevaricación», ya que el inmueble no estaba libre de hipoteca. Una mujer de 87 años en un hospital y la administración revisando si la finca tenía cargas. Ese es el Estado cuando no tiene cámaras delante: un formulario que dice no.

En resumen, querido lector

A Maricarmen la devolvió a su casa un acuerdo privado, firmado bajo una ley de 1994, con un propietario que aceptó cobrar menos. Ni un solo artículo de los dos decretos del martes ha hecho falta para eso.

Al Gobierno, en cambio, la camilla le ha servido para resucitar la prórroga forzosa, tapar la semana y pedir un pleno exprés. Le deseo a Maricarmen una pronta alta y muchos años en su piso de Retiro. A los inquilinos del año que viene no los va a salvar nadie, porque el mismo Gobierno que se ha hecho la foto con esta camilla acaba de fabricar las próximas.