Querido lector, hoy jugamos a «adivina qué contestó el Estado», y te aviso de antemano que vas a perder, porque la respuesta correcta no figura en manual administrativo conocido ni en tratado de ciencia política alguno. Te doy los datos de la invasión de Ceuta: martes 29 de julio, una y cincuenta y dos de la tarde. El Centro Nacional de Inteligencia —ese organismo que pagamos entre todos, quieras o no quieras, precisamente para enterarnos de las cosas antes de que ocurran— manda un aviso a la Delegación del Gobierno en Ceuta. Hay un llamamiento en redes para asaltar la ciudad al día siguiente, por valla y por mar, a las ocho de la tarde. Ciento ochenta mil personas expuestas a la convocatoria. El CNI lo comparte, según sus propias palabras, para que en Delegación se hagan «a la idea del alcance de la difusión». Tienes la hora, el método, el día y el número. Venga, contesta: ¿qué respondió el Estado?
«Sus rilas», o la doctrina del Reino en dos palabras
Eso contestó. «Sus rilas». Dos palabras. Así consta en los papeles que el propio Gobierno desclasificó el miércoles. Ni un «recibido», ni un «lo elevamos», ni un «gracias, mañana ponemos a alguien mirando el mar con unos prismáticos de saldo». Sus rilas.
Imagina la escena al otro extremo del cable: el analista que lleva semanas peinando redes marroquíes, que redacta la nota, que comprueba dos veces el destinatario, que le da a enviar. Y que a los diez minutos lee «sus rilas» y se sirve algo fuerte a las dos de la tarde de un martes. Yo lo entiendo. Yo le habría acompañado, y no con vaso corto.
Ahí nació, sin pretenderlo, una escuela entera de gobierno. Llamémosla el susrilismo: doctrina según la cual un problema deja de existir en el instante exacto en que decides no contestarlo en serio. Sus practicantes, los acusederecibistas, no niegan jamás la información. Faltaría más. La reciben, la sellan, la archivan y la dejan criando polvo como un vino malo, para descorcharla cuarenta días después ante una comisión donde nadie dimite.
La única cosa que el Estado tenía que hacer
Y aquí está mi problema de fondo, que no es coyuntural sino de principio. Yo le concedo al Estado un catálogo cortísimo de funciones: que no te maten, que no te roben, que se cumplan los contratos y que la frontera sea una frontera y no una sugerencia. Tres cosas y media. Todo lo demás —el ministerio de la palabra, el observatorio de lo que sea, la subvención al primo del concejal— me sobra, me lo cobran a punta de Hacienda y encima me lo facturan como progreso.
Pues bien: de esa lista mínima, cortísima, casi franciscana, este Estado ha fallado justo la que estaba escrita. Le sobran ochenta mil funcionarios para decirte cómo separar la basura y le faltaron cuatro para mirar el mar el 30 de julio a las ocho de la tarde. No es que el Estado sea grande: es que es grande en todo lo que no le incumbe y enano en lo único que justificaría su existencia.
A esto los de la escuela austriaca le pusieron nombre hace un siglo y nadie les hizo caso: el planificador nunca tiene la información que necesita, y cuando por milagro se la ponen encima de la mesa con hora y número de seguidores, contesta «sus rilas».
La aritmética de la invasión de Ceuta
Al día siguiente entraron cerca de ochenta mil personas en una ciudad de ochenta y tres mil. Otra Ceuta entera, en una tarde. Vamos con los números, que son más elocuentes que yo y no se les puede pedir que rectifiquen:
- 13:52 del 29 de julio: aviso del CNI. Veintiséis horas de margen. Hay quien no avisa así ni de una boda.
- 180.000 seguidores expuestos al llamamiento. Audiencia de gala: en la tele pública con eso te dan un late night y dos temporadas.
- 13:00 del 30 de julio: el Estado Mayor de la Defensa emite un informe urgente advirtiendo de la «pasividad» marroquí. Avisaron antes y durante. Faltó el burofax y el telegrama cantado.
- 80.000 entradas irregulares en una jornada. El mayor acontecimiento de la historia de la ciudad que no organizó su ayuntamiento.
- 20.000 que siguen allí. Pedro I el Can ya ha admitido que parte se queda.
- 25 policías mandó el Pequeño Marlaska a censarlos, con diez ordenadores. Veinticinco para veinte mil. A ochocientos por agente. Terminan para las próximas generales, que igual es exactamente el plan.
- 1 plataforma de wifi instalada en el centro de estancia temporal. Primero la cobertura, luego el censo. Hay un orden de prioridades y no es el tuyo.
Desclasificar para señalar: el arte de enseñar el papel que te condena y cobrárselo a otro
Viene ahora mi parte favorita, la que merece cátedra. ¿Qué hizo el Gobierno con esos papeles? Desclasificarlos. Gesto que en cualquier democracia decente sonaría a transparencia —aquí están los hechos, júzguenme—. Aquí, según fuentes del propio Ejecutivo, la jugada tenía otra lectura: colocarle el muerto al Ejército y a la inteligencia militar, con Margarita Robles de comparsa.
Léelo despacio, que es pirueta de nivel olímpico: los documentos que prueban que a uno le avisaron se despliegan para argumentar que la culpa la tiene el que avisó. Es enseñar la multa de radar para denunciar al radar. Es llevar el parte médico al juzgado para acusar al termómetro. Deberían impartirlo en la Escuela Diplomática, asignatura de culpametría aplicada: dos créditos, prácticas en Moncloa y excursión a Lanzarote.
Un Estado no fracasa cuando no se entera. Fracasa cuando se entera, lo escribe, lo fecha, lo firma, lo archiva… y contesta «sus rilas». Lo primero es mala suerte. Lo segundo se llama de otra manera y la paga usted.
Albares en Rabat: «no me sirve, pero me vale»
Capítulo internacional, o cómo se arrodilla uno con traje a medida. El ministro Albares pide explicaciones a Marruecos por las reivindicaciones de sus ministros sobre Ceuta y Melilla, que —admite— «degradan la relación». Su homólogo, Naser Burita, le contesta que son cosas del «contexto electoral» y que no representan la posición oficial. Albares declara que esa explicación no le sirve. Y acto seguido exculpa a Marruecos de la invasión basándose, única y exclusivamente, en la palabra de Burita.
No le sirve, pero le vale. En ese milímetro entre lo que un ministro dice y lo que un ministro hace cabe toda nuestra política exterior de la última década. Y ochenta mil personas.
Porque la corte de El Rey Moro lleva décadas administrando esta relación con una habilidad que aquí ya quisiéramos: aprietan cuando conviene, aflojan cuando conviene, y siempre encuentran del otro lado a un caballero dispuesto a llamarlo «socio estratégico» con la cara muy seria. Uno acaba preguntándose quién es el socio y quién el estratega. Ya lo contamos aquí cuando Marruecos contraatacó y descubrimos que la diplomacia española consiste, esencialmente, en agradecer el empujón y pedir perdón por el ruido de la caída.
Del presidente conviene recordar dónde estaba mientras ardía la frontera: en La Mareta, Lanzarote, de vacaciones. Lo sabemos porque después se quejó de que hubiera periodistas contándolo. Fíjate qué bien: el problema nunca es el incendio, es el señor que señala el humo. Lo suyo con la realidad viene de lejos, como ya vimos con el gobierno negacionista.
La factura la pagan los de siempre, y no son los de la foto
Aquí hay una trampa en la que no pienso caer y te pido que no caigas conmigo. Es comodísimo mirar a los veinte mil que siguen en la ciudad y quedarse ahí, señalando con el dedo a quien cruzó un mar en patera. Pero ninguno de ellos redactó una nota del CNI. Ninguno contestó «sus rilas». Ninguno decidió mandar veinticinco agentes ni poner el wifi antes que el censo. De cómo se fabrica el muñeco al que señalar ya escribimos en Los Menas, y el mecanismo no ha cambiado: siempre sale más barato el chivo expiatorio que el expediente.
Los que pagan la factura de la invasión de Ceuta son los ceutíes, con los servicios públicos reventados desde julio. El 16 de agosto bajó la ministra de Sanidad y la recibieron a gritos de «dimisión» —vecinos y médicos juntos, que ya hay que tener mérito para unir a esos dos gremios—. Dos días después, Bruselas dijo por boca de su portavoz de Interior que lo esperable es que todos los que permanezcan de forma ilegal sean retornados. Bruselas, que suele meter trece matices por frase, fue de una claridad casi grosera. En Moncloa lo oyeron como quien oye llover en Lanzarote.
En resumen, querido lector
El Estado español fue avisado por escrito, con veintiséis horas de antelación, por su propio servicio de inteligencia, de que ochenta mil personas iban a entrar por Ceuta. Contestó «sus rilas». Al día siguiente ocurrió la invasión de Ceuta. Su inteligencia militar volvió a avisar en plena avalancha. Después el Gobierno desclasificó los papeles no para explicarse, sino para colocarle el mochuelo al Ejército, mientras el ministro de Exteriores daba por buena una excusa que él mismo había declarado insuficiente y Pedro I el Can se indignaba, sobre todo, con los periodistas que contaron dónde veraneaba.
El miércoles, en la sesión de control, alguien le preguntó qué haría si mañana volvieran a entrar ochenta mil personas. La pregunta sobra: ya conocemos el procedimiento entero. Nos avisarán. Por escrito. Con hora, día y número de seguidores. Y alguien, desde un despacho con aire acondicionado y café de máquina pagado por ti, contestará dos palabras.
Porque el escándalo no es la frontera. La frontera hizo lo que hace toda frontera que nadie defiende: dejarse cruzar. El escándalo es que este país mantiene un sistema de alerta temprana que funciona, que costó lo que cuesta, que hizo su trabajo con puntualidad británica… y que desemboca en una bandeja de entrada donde un funcionario decidió que aquello no merecía ni una frase completa.
Ochenta mil personas, veintiséis horas de aviso y dos palabras de respuesta. Y el año que viene, la misma gente pidiéndote el voto y la declaración de la renta. Sinceramente: no nos merecemos ni el wifi.
Todos los datos proceden de los documentos desclasificados por el Gobierno el 9 de septiembre de 2026 y de su cobertura periodística, enlazada a lo largo del texto. Las opiniones, los motes y la mala leche corren de mi cuenta.
