ENSAYO / FARIAS
«Las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos». Lo dice la primera frase de la Ley de Secretos Oficiales, firmada por Francisco Franco en El Pardo el 5 de abril de 1968. Con esa ley se decide hoy qué papeles del CNI sobre Ceuta puede leer una jueza.
María Tardón, jueza de la Audiencia Nacional, pidió el martes al Consejo de Ministros que desclasifique las notas del CNI a las autoridades sobre la entrada masiva en Ceuta del 30 y el 31 de julio, incluidas las que tratan de Marruecos. Las quiere «con carácter urgente, y, en todo caso, en el plazo de quince días naturales», según EFE.
Pide también la lista de quienes recibieron las notas, ya desclasificadas, del 27 y del 30 de julio. Todo ello, razona, «permitirá determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva». Es su tercer requerimiento. Del primero, por auto del 11 de septiembre, dice que «no consta que se haya tramitado», según Libertad Digital.
La promesa de septiembre y el informe de octubre
LA PORTAVOZ, 8 DE SEPTIEMBRE
- La promesa. En la web de la Moncloa estarán «todos los documentos que obran en manos del Gobierno de España», del 1 de julio al 1 de agosto. Son «en torno a 40».
- El motivo. «Porque, no tenemos nada que esconder».
- Lo que vendría. «Si hubiera otros documentos, que aparecieran, que tuvieran relevancia, también, por supuesto, se compartirán y se informarán».
LA JUEZA, 27 DE OCTUBRE
- La espera. «Han transcurrido siete semanas desde el primer requerimiento, acordado por auto de 11 de septiembre de 2026».
- Lo que llegó. Un informe que «no informaba sobre ningún extremo que no fuera conocido», con documentos censurados «con las mismas tachaduras» que los de la web, según El Español.
- Lo que falta. «Las cuestiones segunda, cuarta y séptima siguen sin obtener una respuesta completa».
La portavoz es Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y sus frases constan en la transcripción oficial de aquella rueda de prensa. Allí añadió, sobre la causa de la Audiencia: «nos hemos personado, como parte perjudicada». Al día siguiente la jueza admitió al Estado como acusación particular, según Público y elDiario.es.
De Marruecos y de la frontera no voy a opinar aquí. Mi tesis es más estrecha: en esta causa el Gobierno es parte (parte acusadora, nada menos) y tiene, además, la llave de los papeles. Su propio proyecto de ley de 2025 ponía esa llave en manos del Supremo, y caducó con la disolución que propuso su presidente.
Siete martes con Ceuta en la mesa del Consejo
He leído las referencias de los Consejos de Ministros celebrados desde aquel 11 de septiembre: los martes 15, 22 y 29 de septiembre, el lunes 5 de octubre, en el que se deliberó la disolución, y los martes 6, 13, 20 y 27 de octubre.
Ceuta no ha faltado a ninguno de los siete ordinarios. En todos figura un informe actualizado sobre la situación de la ciudad, y en varios, avales y ayudas para ella. El 6 de octubre contestó incluso al requerimiento del Senado por las comparecencias de tres ministros que no hubo en agosto. Acuerdo de desclasificación, ninguno.
DEL «NADA QUE ESCONDER» AL PLAZO DE QUINCE DÍAS
- 08/09El Consejo desclasifica información del CNI y del CIFAS sobre Ceuta. El Gobierno anuncia que se ha personado en la causa como perjudicado.
- 11/09Primer requerimiento de la jueza. Según ella, valía ya como solicitud al Consejo de Ministros.
- 06/10El BOE publica la disolución de las Cortes. Ese día el Consejo responde al Senado sobre Ceuta.
- 09/10Segundo requerimiento, «a la mayor urgencia y con un plazo improrrogable de tres días».
- 14/10Defensa entrega al juzgado un informe con datos del CNI, según moncloa.com y Mundiario. Ese día se publica que la ministra de Defensa irá de número dos en la lista del PSOE por Madrid.
- 27/10Saiz presenta tras el Consejo el informe de situación de Ceuta. La jueza firma su tercer requerimiento.
- 13/11Empieza la campaña electoral. Se vota el 29.
Una referencia no lo recoge todo, y lo advierto. Pero la del 8 de septiembre sí recogió la desclasificación de entonces, y la jueza dice lo mismo con su vocabulario: no consta.
Una ley con el Consejo Nacional del Movimiento dentro
Con la ley de 1968, clasificar corresponde «exclusivamente» al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor (artículo cuarto). Levantar el secreto lo dispone «el órgano que hizo la respectiva declaración» (artículo séptimo). Y lo que hace el CNI es secreto por ley desde 2002 (Ley 11/2002, artículo 5.1).
El preámbulo es más candoroso que el articulado: recuerda «el importante juego del control político que en esta materia se reconoce a las Cortes Españolas y al Consejo Nacional del Movimiento». La frase sigue en el texto consolidado del BOE. En toda la ley, en cambio, no hay un solo plazo. La palabra no aparece.
La ley que iba a cambiarlo y sus cuarenta prórrogas
El Gobierno conocía el problema. El 22 de julio de 2025, el ministro Félix Bolaños presentó el proyecto de Ley de Información Clasificada para superar, dijo, «una ley preconstitucional que proviene de la dictadura, de 1968» (transcripción de la Moncloa). Su exposición de motivos se lee hoy con cierto escozor.
«En un Estado social y democrático de Derecho, ningún ámbito de actuación del poder público es ajeno al control por parte de jueces y magistrados independientes».
Exposición de motivos del proyecto de Ley de Información Clasificada, BOCG del 29 de agosto de 2025
El artículo 38 lo concretaba. El juez pediría a la Sala Tercera del Supremo que reclamara la información, y quien la clasificó tendría sesenta días para enviarla o explicar por qué no. La Sala decidiría, «ponderando los intereses en conflicto», si se remitía toda, una parte o nada. Y la disposición derogatoria acababa con la ley de 1968.
Lo que vino después está en la ficha del Congreso del expediente 121/000067:
- Entrada. Presentado el 23 de julio de 2025 y calificado el 26 de agosto, con competencia legislativa plena de la Comisión Constitucional.
- Enmiendas. El plazo vencía el 17 de septiembre de 2025.
- Prórrogas. Cuarenta ampliaciones de ese plazo, casi siempre de semana en semana. La última lo llevaba hasta el 7 de octubre de 2026.
- Final. «Concluido – (Caducado)» desde el 6 de octubre de 2026, el día en que el BOE publicó la disolución. La cuadragésima prórroga no llegó a vencer.
- Precedente. La primera versión se aprobó en primera vuelta el 1 de agosto de 2022, con tramitación administrativa por el procedimiento de urgencia. Según Bolaños, «se iba a aprobar en mayo de 2023» y la disolución de aquel año lo impidió.
Ruggero contó el domingo dieciséis prórrogas en la reforma del aborto. Aquí van cuarenta. Quién las pidió no lo dice la ficha, y no lo afirmaré. La exposición de motivos recordaba que las iniciativas anteriores en esta materia «no prosperaron». Ya son una más.
LAS CUENTAS, HECHAS POR MÍ
Lo que puede alegar el Gobierno, y no es poco
EL ARGUMENTO CONTRARIO, CON HONRADEZ
- Desclasificó el 8 de septiembre por decisión propia, antes del primer requerimiento, y publicó unos cuarenta documentos. No es lo habitual: en 54 años de ley hubo ocho desclasificaciones, según el recuento de El Independiente en 2022.
- La promesa de Saiz cubría «desde 1 de julio hasta el 1 de agosto» y dejaba una salvedad: si algo afectaba a la seguridad nacional, «hay el cauce de la Comisión de Secretos Oficiales». Parte de lo que pide ahora la jueza va más allá del 1 de agosto.
- Ha contestado, aunque a medias. La propia jueza reconoce que recibió un informe; lo que reprocha es que tres de sus preguntas sigan sin respuesta completa.
- Hay razones serias para tachar, como los nombres de los agentes o lo hablado con servicios extranjeros. La Ley 11/2002 deja fuera del alcance de la propia comisión parlamentaria las fuentes y medios del CNI y las materias «que procedan de servicios extranjeros».
- La ley de 2025 no habría llegado a tiempo: entraba en vigor doce meses después de publicarse, y el acceso de los jueces esperaba además a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Con la ley de 1968, la negativa del Consejo tampoco es la última palabra. El Gobierno de Aznar negó los papeles del CESID a los jueces de los GAL el 2 de agosto de 1996; el Supremo anuló en parte esa negativa el 4 de abril de 1997 (lo cuenta un comentario de la Revista de Administración Pública de aquel año) y el día 18 llegó la desclasificación, según El Independiente.
- Desde 1978, dice el propio proyecto, «no se han acometido reformas sustantivas». Tampoco con los gobiernos del PP.
Concedo la mayor parte, y con gusto: colgar cuarenta documentos fue más de lo que hicieron otros. En septiembre Ruggero encabezó un apartado con «Desclasificar para señalar» y sostuvo que el Gobierno enseñó esos papeles para culpar a otros. No lo suscribo sin pruebas. Pero la transparencia de rueda de prensa es voluntaria, y esto otro no:
«Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto».
Artículo 118 de la Constitución
La objeción de la seguridad, además, la ha previsto la jueza. Lo que llegue irá a una pieza separada y secreta, sin acceso para las acusaciones populares, entre ellas el PP y Vox, según El Español. Y la seguridad del Estado, razona, «ya se ha visto vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento».
La llave, en manos de una de las partes
Queda lo esencial, y permítanme decirlo despacio. Nada de lo que sigue es ilegal. Es, eso sí, el tipo de situación para la que el proyecto de 2025 ponía al Supremo en medio:
- Parte. El Estado es acusación particular en la causa, por perjudicado. Lo anunció el propio Gobierno en la rueda de prensa del 8 de septiembre.
- Tramitador. La petición llega al Consejo a través del ministerio de Félix Bolaños, según Libertad Digital: el mismo que presentó en 2025 la ley que le quitaba esa llave al Gobierno.
- Candidatos. En las candidaturas presentadas que publica el BOE del 28 de octubre, la lista del PSOE por Madrid la encabeza el presidente del Gobierno. De número dos va Margarita Robles, ministra de Defensa, de cuyo departamento depende el CNI; de número tres, Bolaños.
- Sin plazo. Al Senado, del que tan poco espero, el Consejo le contestó en menos de un mes, con el plazo del artículo 73 de la ley del Constitucional por medio. A la jueza, la ley de 1968 no le concede ninguno, y su reglamento de 1969 solo habla del plazo que dura una clasificación, que se indicará «siempre que ello sea posible».
Los quince días los ha puesto la jueza. Si el auto llegó el 27 o el 28, vencen el 11 o el 12 de noviembre, cuenta mía, con Consejos el 3 y el 10. Si alguno desclasifica, lo contaré y me alegraré. Si no, la frase de El Pardo seguirá siendo lo mejor de una ley que dispone lo contrario.
