Ley de nietos: imposible antes de 2027, urnas el 29 de noviembre

Mi tesis es sencilla, y la enuncio pronto. En el voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos, el Gobierno defiende una causa razonable con una coartada indefendible. La causa: que españoles con pasaporte no pierdan el voto. La coartada: que, si lo pierden, la culpa será de otros. La imposibilidad la declaró él antes de convocar.

Este domingo, en Ponferrada, Pedro Sánchez pidió al Supremo que «frene este intento de atropello» de Feijóo y Abascal. Y preguntó, según la crónica de elDiario.es, si se puede decir «a 400.000 españoles que ya han ejercido su derecho al voto que no lo pueden volver a hacer». Permítanme, queridos lectores, que compare esas palabras con los papeles.

Lo que pedía la ley y lo que presumió la instrucción

La disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, permite optar a la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que la perdieron o renunciaron a ella «como consecuencia de haber sufrido exilio». El exilio es la condición. No es un adorno del texto.

Seis días después de la ley, la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resolvió el problema de la prueba de la manera más cómoda posible. Lo dice en su Directriz Séptima, apartado IV.3.5.d), que copio sin tocar una coma:

«Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.»

El maestro que cruzó los Pirineos en febrero de 1939 era un exiliado. El hombre que embarcó en Vigo en 1953 con un contrato en Caracas quizá lo era y quizá no; la instrucción no lo preguntó. (No digo que el segundo no merezca ser español. Digo que la ley pedía una prueba y la instrucción la dio por hecha.)

Lo que suspendió el Supremo, y a quién dejó fuera

El 8 de septiembre, la Sección Cuarta de la Sala Tercera estimó la cautelar que pedía Vox (y, en un auto gemelo, la asociación Iustitia Europa) contra un acuerdo de la Junta Electoral Central del 16 de julio. He leído la parte dispositiva del auto. Dice tres cosas:

• Quien se nacionalizó por esa vía y aún no figuraba en el censo de residentes ausentes (CERA) termina su expediente, pero la inscripción queda en suspenso hasta la sentencia.
• A quien ya estaba inscrito se le suspenden los efectos electorales «para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse».
• Y «NO REGIRÁ la suspensión», así, en mayúsculas, para aquellos de quienes los registros consulares certifiquen que su padre, madre, abuelo o abuela sufrió exilio «sin haber aplicado la presunción» de 2022.

Nadie ha perdido la nacionalidad ni el pasaporte. Lo que queda en suspenso es el voto. Y los nietos de exiliados que lo sean de verdad, con papeles, salen de la suspensión en cuanto un registro consular lo certifique.

Vuelvan ahora a Ponferrada. «¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar?», preguntó el presidente. El apartado tercero responde que podrán, en cuanto su consulado lo certifique. Y los consulados, hasta donde yo sé, no los dirige el señor Feijóo. Cuántos certificados se han expedido no lo he encontrado publicado.

Confieso que esto es lo que más me pesa. Los que bajaron de los barcos en Veracruz, y sus nietos, merecen algo mejor que servir de escudo retórico para defender una presunción administrativa. Su caso es justo el que el auto quiere salvar, si alguien expide el papel.

Cuatrocientos mil en el mitin, «ínfima» ante el tribunal

¿De dónde salen los 400.000? Aquí debo ser justo con el presidente. Los magistrados anotaron que el censo exterior ha crecido en 408.262 electores desde las generales de 2023, según recogió EFE. La Abogacía del Estado rebajó esa cifra a 369.017 en su recurso del 22 de septiembre.

De ellos, 168.896 entraron por la presunción. Pero el PP pidió el 5 de octubre que la suspensión alcance «a la totalidad de las inscripciones en el CERA derivadas de la Ley de Memoria Democrática», salvo certificado, y Vox pide algo parecido. Con eso, la cifra del presidente no anda lejos. En esto tiene razón él.

Lo de «ínfima» no es mío. Es de la Abogacía del Estado, en ese recurso de septiembre, según la nota de EFE. Y en Público se lee el cálculo del Gobierno: con la participación histórica del voto exterior en generales, un 8,36 %, los votos posibles serían 14.120.

Al tribunal se le explica que es una gota; al votante, que es un diluvio. No digo que sea imposible sostener las dos cosas: un derecho puede pesar poco en el resultado y mucho en la democracia. Digo que en ninguna de las dos versiones aparece el calendario que firmó el Gobierno.

La imposibilidad que el Gobierno firmó antes de convocar

Vuelvo a la máxima del principio. En aquel recurso del 22 de septiembre, la Abogacía sostuvo que «resulta materialmente imposible certificar en un lapso temporal razonable» la situación de esos 168.896 antes del 1 de enero de 2027, cuando se cierra el censo de las autonómicas. Lo dejó escrito el Gobierno trece días antes de convocar.

El plazo es brevísimo porque el Gobierno lo eligió así. Sabía el 22 de septiembre que no llegaría a tiempo ni para enero de 2027, y el 5 de octubre fijó las urnas para el 29 de noviembre. Tres días después alegó ante el tribunal la estrechez del calendario que él mismo acababa de firmar. Nemo auditur, dice mi libreta.

Ruggero contó aquí cómo se disolvieron esas Cortes y cómo el mismo Gobierno aprobó al día siguiente un decreto «urgente» que entra en vigor el 15 de noviembre. Él grita con gracia lo que yo intento demostrar despacio. Al presidente lo llama Pedro I el Can; el apodo es suyo, no mío, aunque esta semana se lo ha ganado.

Lo que tienen de razón quienes defienden ese voto

Sería deshonesto parar aquí, porque el auto no es pacífico. La magistrada María Alicia Millán Herrandis firmó un voto particular: sostiene, según Moncloa.com, que la cautelar priva del voto a un número muy elevado de ciudadanos y que haber adquirido la nacionalidad no supone por sí mismo un riesgo. La Fiscalía pide levantarla.

Todo esto es serio y, en parte, cierto. Si esas 168.896 personas no votan el 29 de noviembre, no será solo por el auto ni por lo que piden PP y Vox. Será porque, además, una instrucción presumió lo que la ley pedía acreditar, porque la Administración no sabe separar sus expedientes y porque el Gobierno convocó a sabiendas.

Una fecha que no eligió Feijóo

Escribo el domingo por la tarde, con el Supremo todavía sin resolver y las listas a punto de abrirse a consulta, como manda el artículo 39 de la LOREG. Decida lo que decida, el 29-N votará con una sombra. Si levanta la suspensión, habrá impugnaciones. Si la mantiene, habrá españoles que confiaron en el Estado y se quedarán sin votar.

El abogado del Gobierno llama «ínfimo» lo que el candidato del Gobierno llama «atropello». Los dos tienen algo de razón. Lo que ninguno ha dicho todavía es quién puso las urnas el 29 de noviembre.