Hay días en que el siglo XXI se te aparece como una zarzuela escrita por un becario con prisa, y este es uno de ellos: Telegram manda un mensaje masivo a los españoles para advertirles de que viene el Apocalipsis regulatorio, La Moncloa se revuelve como quien descubre que le han colado propaganda en el buzón sin sello, y Pedro Sánchez responde citando a Cervantes con una frase de bravura tuitera: “Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho…”. O sea: cabalgamos. Cabalgamos, sí, pero no se sabe si hacia la justicia digital o hacia otro capítulo de esa serie nacional llamada “te lo juro que esta vez sí, lo vamos a arreglar”.
La escena tiene algo de cómica y algo de inquietante, como una risa que sale cuando no debería. Porque lo que aquí se debate no es solo quién se cree dueño del corral, sino quién reparte el pienso. Y el pienso, en 2026, son los algoritmos: esa mano invisible que ya no es invisible porque deja huellas en forma de indignación, de adicción, de bronca constante, de adolescentes con el cerebro en modo notificación y de adultos que confunden “me lo han reenviado” con “es verdad”.
El Quijote, el megáfono y la ventanilla
Lo de “tecnooligarcas” suena estupendo en boca gubernamental porque es una palabra con aroma a epopeya. Te dibuja al villano con capa de fibra óptica y risa de criptomoneda. Pero también conviene recordar que el Estado, cuando se pone solemne, no siempre viene a salvarte: muchas veces viene a gestionar. A veces, a gestionar tu seguridad. Otras, tu silencio. Y casi siempre, tu paciencia.
Que un dueño de una plataforma pueda “inundar” móviles con un mensaje masivo es, como mínimo, un recordatorio brutal de que vivimos en un país donde el consentimiento se pide para las cookies pero se omite para el sermón. Y que el Gobierno use ese mismo episodio como prueba de la necesidad de regular tiene lógica, sí, pero una lógica con doble filo: si el remedio es responsabilizar penalmente al directivo por el contenido, el incentivo natural es borrar por miedo. Y cuando el miedo gobierna el botón de “eliminar”, la frontera entre moderación y censura se vuelve una línea dibujada a lápiz sobre una mesa que tiembla.
La libertad digital no se muere solo por el grito del magnate. También se puede morir por el bostezo del funcionario que aprieta “bloquear” para que no le caiga un marrón.
El magnate indignado y el Estado ofendido
El magnate, por su parte, hace lo que mejor se le da al magnate: vestir su interés empresarial con toga de derechos civiles. Cuando la regulación roza su modelo de negocio, descubre de repente la palabra “libertad” con una emoción casi poética. Y cuando el Gobierno roza su relato, el Gobierno descubre de repente la palabra “menores” con una emoción casi paternal. Son dos espejos enfrentados: uno vende “libertad” como producto; el otro vende “protección” como discurso. En medio, tú. Tu hijo. Tu teléfono. Tu atención. Tu convivencia.
El Ejecutivo dice que hay contenidos de odio, acoso, violencia online, y aporta cifras. Y cualquiera que haya pasado más de cinco minutos en el lodazal de los comentarios sabe que el problema existe. Pero el problema no se resuelve a martillazos jurídicos contra el CEO como si la realidad digital fuera un bar y el algoritmo el camarero. Tampoco se resuelve con la filosofía libertaria del “que se apañe cada uno”, que es la versión moderna del “si te estafan, aprende”.
Porque aquí el debate verdadero es más incómodo: ¿quién controla el debate público? ¿Quién decide qué te aparece primero? ¿Quién premia el grito y castiga el matiz? ¿Quién convierte la conversación en coliseo? Y, sobre todo, ¿quién audita eso? Porque la gran trampa de este siglo es que lo llamamos “plaza pública”, pero la plaza tiene dueño, y el suelo está embaldosado con términos y condiciones que nadie lee. Es una plaza con tornos.
La edad de la inocencia… y la del control
La propuesta de prohibir redes a menores hasta los 16 años suena, a oído rápido, a sentido común con casco. Pero en cuanto rascas, aparece la pregunta que nunca se quiere mirar de frente: ¿cómo lo haces sin construir un sistema de verificación de identidad que, de rebote, controle a todos? Porque el control de edad suele venir con su primo pesado: el control de identidad. Y la identidad digital, cuando se centraliza, se convierte en un tesoro. Y cuando hay tesoro, siempre aparece un ladrón, un filtrado, un “incidente de seguridad”, un “acceso no autorizado” y un comunicado en tono de funeral corporativo.
Si el plan para proteger a los menores termina creando una infraestructura donde cada usuario es una ficha perfectamente trazable, estaremos cambiando un problema por otro: del acoso a la vigilancia, del bulo al archivo eterno, del insulto al expediente. No es que no haya que hacer nada. Es que hacer algo mal hecho puede salir carísimo, y no en euros, sino en costumbres democráticas. El Estado no olvida. Las plataformas tampoco. Y la suma de dos memorias infinitas no es una sociedad sana: es un archivo.
La solución que nadie tuitea
Entre el “dejadnos hacer lo que queramos” del tecnomagnate y el “vamos a meter mano penal” del Gobierno hay un territorio sensato que no da titulares, por eso casi nunca se pisa: transparencia técnica y auditoría real. Auditorías independientes sobre cómo se recomienda contenido. Informes claros de moderación. Herramientas decentes para denunciar, bloquear y filtrar. Protocolos verificables contra redes de abuso y delitos. Cooperación judicial donde toca y garantías donde debe. Y educación digital, sí, esa palabra aburrida que no se puede imprimir en una pancarta sin que parezca un folleto escolar, pero que es el único antivirus que funciona sin suscripción.
Y luego está el detalle final, el que nadie quiere confesar: los políticos también aman el algoritmo. Lo critican con discursos, pero lo usan con hambre. Lo maldicen en rueda de prensa, pero lo ordeñan en campaña. En cuanto descubren que la polarización moviliza, que el eslogan vuela, que el matiz se hunde, se vuelven alumnos aplicados del mismo sistema que dicen querer domar. Por eso este choque entre Telegram y Sánchez tiene algo de pelea de gallos en una granja ajena: cada uno se presenta como salvador, pero ambos han aprendido a comer del mismo comedero.
Así que sí, que ladren los tecnooligarcas si quieren. Y que cabalgue el Gobierno si le apetece. Pero antes de repartir espadas y metáforas cervantinas, convendría recordar lo básico: ni el magnate es el guardián natural de tus libertades, ni el Estado es incapaz de pasarse de frenada. Lo único que nos salva de uno y de otro es lo de siempre, lo viejo, lo antipático: controles, límites, transparencia y un público que no confunda un mensaje masivo con una revelación divina.
Y si esto acaba siendo una batalla por “proteger a los menores”, perfecto. Pero que no se convierta, por el camino, en una excusa para que los adultos vivamos en un mundo donde todo está moderado, todo está registrado y todo está convenientemente “por tu bien”. Porque entonces no cabalgaremos, no. Entonces iremos en fila. Y con ticket.
